Con la presencia del Presidente de AME, Jorge Martínez; el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera; Paul Granda, Alcalde de Cuenca, y el Vicepresidente de la República, Jorge Glas, como testigo de honor, se suscribió la Alianza Estratégica por el Agua Potable y Alcantarillado, que en su primera fase beneficia a 60 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) priorizados en base a indicadores económicos y sociales.
El objetivo de esta coalición es mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos de saneamiento ambiental en el país, a través del fortalecimiento de las capacidades de los GAD Municipales, utilizando para ello el intercambio de experiencia, conocimiento y tecnología existente en las empresas públicas municipales de servicios de agua potable y alcantarillado.
“Esta alianza representa la voluntad política expresa de los alcaldes y alcaldesas del Ecuador para comprometerse aún más con este proceso de cambio a través de garantizar constantes mejoras e innovación en la prestación de servicios básicos y de esta forma luchar de manera frontal y decidida contra la pobreza”, manifestó el Ingeniero Jorge Martínez, Presidente de la AME y Alcalde de Ibarra.
Jorge Glas manifestó que “Los ecuatorianos ya no se conforman con menos de lo excelente, en servicios de agua potable y saneamiento ambiental”. A la segunda autoridad, se sumaron como testigos de honor: el Secretario Nacional de la Administración Pública, Cristian Castillo; Walter Solíz, Secretario Nacional del Agua; María Soledad Barrera, Gerenta del Banco del Estado; Ana María Larrea, Secretaria Técnica del Comité Nacional de Erradicación de la Pobreza y Subsecretaria de SENPLADES. Además, el Viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud Pública suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de controlar la calidad de agua en los municipios beneficiarios de esta alianza.
Para enero del año 2014, se espera avanzar con la implementación de esta estrategia en la totalidad de municipios del país, la misma que implica la elaboración del diagnóstico administrativo, financiero, comercial y técnico, así como un plan emergente que contribuya a lograr, hasta el 2017, parte de las metas de cobertura propuestas a nivel nacional.
