De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, la explotación y el transporte de materiales áridos y pétreos en todo el cantón ha causado durante varios años impactos significativos en el ambiente y la salud de la población ubicada en los alrededores.
Por ello, el Municipio del cantón Tena, en calidad de autoridad ambiental inició los procesos de regularización y control de las actividades de explotación minera en su territorio.
A partir de esto, el GAD Municipal de Tena, invitó a varias instituciones zonales incluida la AME, con la finalidad de mantener una reunión de trabajo para revisar de manera legal y proceder a un análisis de competencias institucionales para la construcción de una política pública cantonal que contribuya a lograr un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza.
Augusto Lara, técnico jurídico de AME-MATRIZ, menciona que dentro de la Constitución de la República del Ecuador en su art. 264 indica que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tienen las siguientes competencias exclusivas y en su numeral 12; “Regular, autorizar y preservar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras”, el COOTAD y demás leyes demandan de las instituciones realizar un control en la explotación de nuestros recursos naturales.
Según la concejal Marlene Cabrera existen dificultades por la extracción descontrolada que realizan en ríos y canteras debido a los daños a los recursos naturales y a la infraestructura de las vías especialmente en los lados colaterales debido a la transportación del material. Afirma que existen abusos en la tributación entre quienes se benefician de esta actividad y las ganancias obtenidas no se invierten en las comunidades que son afectadas directamente.
El Municipio de Tena, consciente de las implicaciones sociales y económicas que tiene la decisión adoptada por sus instancias de control, propició un proceso de diálogo con los representantes de las instituciones públicas zonales, con quienes se definió una serie de compromisos para la creación de una política pública en beneficio de la naturaleza.
El ayuntamiento local busca asumir competencias para regular, controlar y autorizar la explotación de materiales áridos y pétreos. Los concejales se amparan en disposiciones constitucionales que facultan a los municipios tener estas nuevas tareas mediante ordenanzas.
