En Ecuador, al igual que en otros países de la Región, nos encontramos atravesando una calamidad pública, que ha exigido adoptar medidas sociales y afectado la economía de la población, así como ingresos propios municipales que, de por sí ya son limitados, para la atención de servicios públicos prioritarios.
La Función Ejecutiva del Estado, el 16 de abril, presentó a la Asamblea Nacional dos (2) Proyectos de Leyes Orgánicas, con impacto contributivo y en el orden de las finanzas públicas. Desde la representación de los 221 GADs Municipales, hacemos un EXHORTO a la Asamblea Nacional, para que cada uno de los y las 137 Asambleístas, consideren los aspectos que más influyen en la gestión municipal y que deben constar en los Informes para Segundo Debate de las leyes en mención, evitando que estas entren en vigor sin los ajustes indispensables para afrontar la crisis.
Se requiere:
- Reformar URGENTEMENTE la Disposición Transitoria Quinta (5ta.) de la Ley Orgánica de Organización Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), para lograr una planificación sostenida a nivel de reprogramación presupuestaria y proyección de la inversión local;
- Un análisis exhaustivo por parte de las y los Asambleístas del país; pues, de ninguna manera, la política pública central puede infringir la garantía y derecho de autonomía que nuestro régimen constitucional prevé para los GADs, ni los porcentajes mínimos que nos corresponden del TOTAL del Presupuesto General del Estado (PGE);
- Que nuestras asignaciones municipales presupuestarias sean transferidas inmediatamente, conforme establece el Art. 271 de la Constitución;
- Que se nos devuelva a los Municipios el IVA que nos corresponde por Ley;
- Que cualquier delegación de competencias incluya el respectivo financiamiento que el régimen jurídico prevé, en aplicación de los principios recogidos en el Art. 3 del COOTAD y en el Art. 238 de la Constitución;
- La Flexibilización de los canales para la gestión y apoyo que corresponde a la Cooperación Internacional Descentralizada Directa;
- Que las Municipalidades, en ejercicio pleno de nuestras competencias, conforme las directrices del COE Nacional, tengamos acceso a plazos razonables y a nuevos créditos para afrontar las necesidades sociales de la población y reactivar la economía local en estos momentos.
La Constitución establece la facultad legislativa descentralizada como una garantía; por tanto, la autonomía de los GADs no está soslayada a un momento crítico. De ninguna manera la emergencia puede ser justificativo para legislar fuera del régimen de competencias, sin asignación de recursos y sin considerar la situación por la que atraviesan nuestras poblaciones en los cantones.
La AME ratifica su compromiso de trabajar para sus 221 Gobiernos Municipales, fortaleciéndolos más que nunca, de manera articulada y solidaria, para responder a las necesidades de los territorios.
