QUITO.- La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), planteó dos observaciones, una de forma y otra de fondo, al proyecto de Ley Orgánica Integral para Erradicar la Violencia de Género contra la Mujer.
Para el efecto, el director ejecutivo de AME, Alejandro Álvarez, y el asesor jurídico de la institución, Vinicio Cueva, asistieron a la comisión especializada que trata el proyecto normativo, actualmente para segundo debate.
Álvarez mencionó que, en general, el proyecto de Ley está bien estructurado cuyo procedimiento debe ser reglado mediante acto reglamentario.
Las observaciones
El artículo 30 prevé que, tanto los jefes políticos cuanto las juntas Cantonales de Protección de Derechos sean competentes para otorgar medidas administrativas, lo que generará duplicidad de funciones que podrían provocar problemas innecesarios; por tanto, debería ser una facultad de las Juntas Cantonales, expuso Cueva.
El artículo 19 del proyecto establece las facultades de las instituciones del Estado que harán parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en cuyo numeral 12 enlista las facultades que se atribuirían a los gobiernos autónomos descentralizados, los cuales implican necesidad de recursos económicos para contar con equipo especializado en medicina, psicología, asesoría legal y trabajo social y en las juntas de protección de derechos, además, para construir y mantener “al menos una casa de acogida por cantón con personal suficiente y especializado”.
Los gobiernos municipales atraviesan por dificultades económicas para atender las actuales responsabilidades. Por tanto, para una acción efectiva, la AME considera indispensable que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 273 de la Constitución: “las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidos con los correspondientes recursos”.
Con fundamento en la invocada disposición constitucional, AME plantea que entre las disposiciones reformatorias, después de la octava se agregue que: “los recurso económicos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niños. Además de la participación prevista en el artículo anterior, los GAD provinciales y municipales participarán del equivalente al uno por ciento adicional de los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado, que serán destinados exclusivamente a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niños y adolescentes.
Según la propuesta, los gobiernos provinciales participarán del veinte por ciento y los municipales y metropolitanos, del ochenta por ciento restantes. Del fondo repartible a cada nivel de gobierno partícipe se transferirá el treinta por ciento en partes iguales y el setenta por ciento restantes se distribuirá en proporción a la población de su circunscripción en relación con los habitantes del país”.
En el documento entregado a la Asamblea Nacional, se puntualiza que dada la relevancia de la problemática que el proyecto de Ley busca resolver, así como el sustento constitucional invocado, los gobiernos municipales y metropolitanos aspiran a ser parte decisiva en definir políticas y acciones eficaces para enfrentar la violencia contra las mujeres, para lo cual requieren de recursos económicos suficientes.
El proyecto de Ley
El primer debate del proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres continuará el martes en el Pleno, a partir de las 08h00, de conformidad con la convocatoria efectuada por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.
La propuesta crea un Sistema Nacional que armonizará normas, protocolos, procedimientos y mecanismos que permitirán planificar, ejecutar y evaluar acciones integrales para la respuesta efectiva del Estado. Lo integran catorce instituciones que articularán acciones para cuatro ejes: prevención, atención, protección y reparación integral. En toda actividad observarán el principio de descentralización y desconcentración en la provisión de servicios.
Estas facultades las tendrán las entidades nacionales y locales rectoras de los sectores de Justicia, Educación, Salud, Seguridad Interna, Trabajo, Inclusión Económica y Social; Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, gobiernos autónomos descentralizados, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género.
