Comisión de GAD de Asamblea Nacional sesionó en Machala

MACHALA, El Oro.- El asambleísta de la provincia de El Oro y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional, Montgomery Sánchez Reyes, junto a integrantes de la comisión y en presencia de alcaldes y delegados de los municipios, juntas parroquiales y demás instituciones, sesionó en Machala, tratando el tema de reformas al COOTAD.

Hermán Yupangui, alcalde de Chilla y presidente provincial de Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) junto a Darío Loja Reyes, coordinador Regional de la misma entidad, fueron los encargados de elaborar y entregar varias propuestas para reformar el COOTAD.

Entre los pedidos de la UTR7 de AME, consta que los cuerpos de Bomberos del país sean considerados como unidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán únicamente con autonomía operativa.

Plantearon la reforma a la Ley Orgánica del servicio público de energía eléctrica, para que las empresas que prestan este servicio de manera obligatoria previo al convenio respectivo, continúen realizando la recaudación de la tasa por el servicio de recolección de basura y bomberos.

Con relación al presupuesto 2016 vs presupuesto 2017, por parte de AME se propone que el presupuesto 2017 y 2018 deberían ser aprobadas considerando los montos ya transferidos, para que no complique la situación económica de los GAD.

Jhansy López Jumbo, alcalde de Zaruma, respaldó el pronunciamiento de AME, además expuso la situación que vive su cantón considerado ‘Patrimonio cultural’, enfocándose a las competencias para intervenir en las casas patrimoniales.

Con relación a los temas de minería el Alcalde zarumeño señaló, “los municipios deben ser consultados, con relación a los permisos de concesiones mineras, permisos ambientales y temas similares”.

Polivio Carrión de la parroquia Torata del cantón Santa Rosa, también mostró su preocupación por los problemas de concesiones mineras y concesiones de agua, “pido que se respete el derecho que tiene la ciudadanía a el agua, porque somos afectados por quienes trabajan en la minería, sin importarles la salud del pueblo”, argumentó.

A los pedidos se sumó los representantes del transporte público, de gobiernos provinciales y parroquiales, de barrios cantonales y agricultores.

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